Bolivia atraviesa una de las coyunturas más críticas y complejas de su historia reciente. En un momento de crisis estructural multidimensional (económica, energética, institucional, política y social), se suma una escalada de conflictividad, marcada por paros e intensos bloqueos que mantienen decenas de puntos de ruta cerrados en varias regiones del país, impidiendo el ejercicio de los derechos y libertades de la población en su conjunto.

Este alarmante escenario ya ha provocado serios problemas humanitarios por el desabastecimiento de combustibles, alimentos y suministros médicos esenciales; además, se ha instalado un clima de agresividad a la población y registrado daños a la propiedad pública y privada.

Lamentablemente, ya tenemos, incluso, la pérdida irreparable de vidas humanas en este conflicto.

Frente a esta preocupante y desproporcionada escalada de violencia, paros y bloqueos que ya han paralizado parte del país, la Plataforma de la Sociedad Civil para la Incidencia Económica y Social —espacio interinstitucional independiente, propositivo y plural— hace un llamado urgente a la reflexión, la unidad y la pacificación.

A los movimientos y organizaciones sociales movilizadas, al Gobierno Nacional y a la población en general:

La información veraz y objetiva de la situación que vivimos en el país debe ser el insumo fundamental para el diálogo y la negociación.

Reconocemos que la protesta social constituye un derecho democrático legítimo cuando se ejerce de manera pacífica y en apego a los derechos humanos; asimismo, entendemos que las demandas expresadas por distintos sectores son un reflejo del descontento y de preocupaciones reales de la población frente a la difícil situación económica y social que atraviesa el país. En este entendido, exhortamos a la dirigencia de las organizaciones sociales a reflexionar sobre el impacto destructivo de las medidas de presión extremas y a enfocarse en las alternativas de solución.

Estas medidas profundizan la crisis económica actual. Los bloqueos de carreteras no resuelven la escasez; al contrario, la agravan; y además ahondan las desigualdades territoriales. Las medidas estrangulan la economía interna, generan pérdidas millonarias y afectan directamente a la población más vulnerable, a los trabajadores que necesitan trabajar día a día para subsistir, desnudando, además, la desprotección de las ciudades y centros urbanos.

Asimismo, advertimos el riesgo de que demandas sociales sean instrumentalizadas con fines políticos, de confrontación e inclusive de desestabilización del sistema democrático, lo cual solo profundiza la polarización dejando enormes rupturas en el tejido social boliviano; cuando, para enfrentar esta compleja crisis, requerimos unidad del pueblo boliviano.

En tanto, los problemas estructurales de la crisis económica, que se manifiestan en la escasez de divisas, la inflación, el desabastecimiento de combustibles y la caída en la producción y el empleo; continúan avanzando sin resolverse hace varios años.

Como país, no podemos permitir que la confrontación nos desvíe de atender los temas de fondo.La magnitud de la crisis económica demanda la implementación de medidas urgentes orientadas hacia una recuperación de mediano y largo plazo.

Alentamos, en el marco de la unidad, trabajar en los asuntos que son fundamentales, tanto los temas urgentes como las reformas de largo plazo, en lugar de desgastarse en un escenario de ingobernabilidad estéril. Es imperativo concentrar los esfuerzos del Estado y la sociedad en avanzar, de manera oportuna, hacia soluciones concretas para los temas estructurales que siguen siendo postergados.

Exhortamos al Gobierno nacional a que el diálogo con las diferentes organizaciones y representaciones sectoriales sea en el marco de la transparencia, con amplia difusión de las propuestas de solución y los acuerdos establecidos; y que los mismos sean cumplidos por parte de las autoridades e instituciones públicas como también por las organizaciones sociales, puesto que no puede ponerse en juego la imagen y credibilidad de la institucionalidad democrática.

Recordamos a todos los actores involucrados que cualquier propuesta de salida debe procesarse bajo la premisa de preservar el Estado de Derecho y el principio de legalidad, respetando la institucionalidad democrática y el orden constitucional del país. El quiebre o debilitamiento institucional solo traerá mayor desestabilización y profundizará la crisis y las brechas de desigualdad.

Por esto, llamamos a los actores movilizados y al Gobierno nacional a deponer actitudes confrontacionales, posiciones cerradas e intransigentes; y a resolver las diferencias estrictamente en el marco del diálogo, la concertación y la paz.

La población boliviana pide estabilidad y el derecho a trabajar libremente para reconstruir su economía. Instamos a las autoridades y a los sectores movilizados a encontrar de forma urgente un punto de encuentro que priorice el bienestar común y el futuro del país.

Bolivia, mayo de 2026